Una historia de intrigas, secretos, confidencias y medias verdades rodean la trama de WikiLeaks. Su fundador, el ya mundialmente conocido Julian Paul Assange, periodista, portavoz y editor del sitio web WikiLeaks.org, está destapando una serie de movimientos ocultos dentro de la organización militar de EEUU. La polémica gira en torno a la confidencialidad y la validez de dichos documentos, los cuales están poniendo en jaque la relaciones diplomáticas internacionales. La cuestión abierta es ¿qué se esconde detrás de toda esa información?
WikiLeaks.org es una organización sin ánimo de lucro que, según apuntan sus creadores en su página web, su misión es trasladar información al público basandose en la defensa de la libertad de expresión e información de la prensa. Este derecho está reconocido en la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense y corroborado en el Art 20.2 CE donde se especifica que “El ejercicio de la libertad de expresión e información no puede restringirse mediante ningúin tipo de censura previa”. Otro respaldo lo encontramos en el Art. 10.2 del Convenio Europeo de la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 . Pero, parece ser que los dueños del poder no están de acuerdo con los métodos de obtención de dicha información, según señala la CNN.
La Constitución Española (CE) explica, dentro del ámbito general de la intimidad, que se reconocen como actitudes delictivas el apoderamiento de papeles, cartas o documentos personales sin el consentimiento de la persona afectada. Un aspecto interesante sobre los delitos de la libertad de información es lo que algunos medios de comunicación han llamado “delito de abuso de periodismo de invertigación”. Sin embargo, este hecho puede ser paliado si se demuestra la veracidad de las informaciones y el interés público de las mismas. Por lo tanto, y considerando el alcance de las informaciones, se puede alegar que no atañe a un delito contra el honor puesto que se tratan de personajes públicos (lo cual amplia el círculo de privacidad), se trata de informaciones de interés público y existe la prueba de verdad “exceptio veritatis” (Art 210 de la LO 10/1995 del 23 de Noviembre del Código Penal). Lo que también queda contemplado y respaldado, gracias a la trascendecia pública informativa y de actualidad de los hechos,en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los problemas que acontecen son varios y complejos. Una cuestión fundamental es la legalidad de su página web. Lo cual puede apoyarse en la ley de libertad de creación de medios de comunicación. Cosa que no parece entender la empresa Amazon Web Services, la cual ha prohibido la página web de Assange puesto que, según sus criterios, no cumple con la política de uso ya que “los documentos no son de su propiedad”. Sin embargo, cinco son los periódicos que están difundiendo este tipo de informaciones sin restricción alguna, cumpliendo con el libre derecho a informar y ser informado: El País (España), The New York Times (U.S.), The Guardian (U.K.), Le Monde (Francia) y Der Spiegel (Alemania).
Las cuestiones que me quedan en el aire son, ¿es lícita toda esta información?, ¿cuáles fueron los métodos de obtención de dichas informaciones?, y ¿realmente afecta a personas civiles y pone de manifiesto de laz mundial o son intereses privados de los altos cargos del gobierno los que se intentan proteger? Dejando de lado estás cuestiones, ¿sigue siendo ilegal la página web de Assange?, o ¿se está censurando un acto de libertad de expresión de los profesionales de la comunicación? Sinceramente, creo que se está vulnerando un derecho fundamental que queda protegido también por “Freedom of speech in the U.S.”, que nada tiene que ver con el ”McCarthyism” y que no interfiere con la Ley “Espionage Act de 1917” la cual, de acuerdo con el estamento Schenck v. United States, “La Ley de Espionaje violaba la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda” (mientras la interpretación de los documentos no cause un peligro claro y presente): “Do not submit to intimidation”, “Assert your rights”, “If you do not assert and support your rights, you are helping to deny or disparage rights which it is the solemn duty of all citizens and residents of the United States to retain.”
